Informe: Cárceles, por Ignacio Díaz

INFORME POR LA SITUACION DE LAS CARCELES Y COMISARIAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La Comisión Provincial por la Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentaron la semana pasada, en Nueva York, sus informes sobre la situación de las cárceles y comisarías de la Provincia de Buenos Aires ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Los organismos denuncian el aumento de detenidos en comisarías y el hacinamiento carcelario. Contra lo que se cree, los detenidos no entran por una puerta y salen por la otra, sino que permanecen más de tres años en promedio, en prisión preventiva y esperando una sentencia que diga si son culpables o inocentes. El 77% de los detenidos hombres y el 85% de las detenidas mujeres que están procesados todavía no tienen una sentencia de un juez. El agravante es que una de cada cuatro personas que llegan a juicio terminan siendo absueltas. Personas inocentes que pasan más de tres años encerrados por ser pobres o tener antecedentes penales.
El resultado de la política de endurecimiento de las penas, de la modificación del Código Procesal Penal bonaerense y el agravamiento de la situación de detención en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires confirman la política de mano dura que tiene el Gobierno Provincial a partir de limitar al máximo la posibilidad de excarcelación.

AUDIO
(3.16) “Estas políticas que ya inauguró Ruckauf hace tiempo en la provincia no tuvieron éxito alguno en la reducción de los índices del delito. Y esto es lo que está haciendo Scioli, reproduciendo ese tipo de mensaje hacia la sociedad. No es una política seria, no tiene impacto alguno en la disminución del delito. Lo único que hacen es profundizar la crisis estructural del sistema de encierro…30 mil personas detenidas (3.41) ”

Como asegura Rioberto Cipriano García, director del Comité provincial contra la Tortura, éstas políticas profundizan la crisis estructural en la que se encuentra el sistema de encierro provincial que ya aloja a más de 30.000 personas. Además, entre cárceles y comisarías la sobrepoblación asciende a más del 60 por ciento. Esto significa que las personas se alojan como animales, no reciben los alimentos ni medicamentos necesarios, se los tortura de manera sistemática y se vulneran todos los derechos previstos en la normativa constitucional e internacional. Estas cuestiones fueron señaladas por el Comité de DD.HH. de las Naciones Unidas al Estado argentino, en las audiencias celebradas en Nueva York la semana pasada.
Roberto Cipriano presentó, además, un pormenorizado informe en representación de la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité Contra la Tortura. El documento de la Comisión señala en la provincia de Buenos Aires el “aumento de las muertes” , el “ascenso de hechos violentos”, el uso de la “represión como herramienta para resolver situaciones conflictivas” y el “uso de traslados constantes como forma de disciplinar a quienes se quejan por los malos tratos” en establecimientos del Servicio Penitenciario Provincial”.
El Estado argentino se vio obligado a reconocer la gravedad de la situación carcelaria ante las Naciones Unidas. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con las autoridades provinciales, que no se hicieron presentes en Nueva York.
El personal policial y penitenciario es parte fundamental de esta terrible situación. Sobre su accionar habló Roberto Cipriano.

AUDIO
(8.22) "El personal, con un bajo nivel de formación, de capacitación, militarizada, una fuerza militarizada. Esto es una de las deudas que tiene nuestra democracia, no haber democratizado las fuerzas de seguridad. Con un funcionamiento de la obediencia debida muy rígido, muy bien aceitado. Realmente la fuerza es la que está metida en un sistema que tortura. La gran mayoría forma parte de ese sistema, no se si todos torturan pero muchos saben lo que pasa y no dicen nada". (9.04)

De los 50 mil agentes que tiene la policía provincial, hay 10 mil que entraron a la fuerza durante la dictadura y 3 mil de ellos trabajaron en lo que fueron comisarías y campos clandestinos de detención. Esto se agrava porque por la antigüedad son personas que tienen cargos altos en la estructura policial.
Mientras el propio Estado reconoce que en la provincia de Buenos Aires hay un problema sistemático de tortura y se detiene ilegalmente a miles de personas en comisarías, el gobernador Scioli sigue pretendiendo endurecer el régimen de excarcelaciones e insiste con un Código Contravencional arcaico y basado en dotar de mayor poder arbitrario a la Policía Bonaerense. A su vez, sigue propiciando el uso generalizado de la prisión preventiva como pena anticipada.

Por todo esto, desde La Chispa exigimos una reforma estructural del Servicio Penitenciario Bonaerense, incluyendo el sistema de minoridad de la provincia de Buenos Aires y la investigación seria de las prácticas policiales que violan los derechos humanos de las personas.